Europa se enfrenta a una amplia gama de amenazas, que incluyen el cibercrimen, el ciberespionaje y el ciberterrorismo. Estas amenazas pueden tener un impacto significativo en la economía y la seguridad. Es por ello por lo que la Unión Europea ha implementado regulaciones estrictas en cuanto a la privacidad de los datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), puesto que garantizar la seguridad de los datos personales y comerciales es esencial para el funcionamiento adecuado de las empresas y la confianza de los ciudadanos en la tecnología.
En este panorama actual, el pasado 18 de abril de 2023, la Comisión Europea propuso un Reglamento sobre la Ley de Cibersolidaridad de la UE con el fin de reforzar las capacidades de la UE en materia de ciberseguridad y el uso de tecnologías digitales, pretendiendo realizar una inversión inyectando más de 1.100 millones de euros para el curso 2023 y 2024. De esta inyección, el programa de trabajo de ciberseguridad dispondrá de alrededor de 375 millones de euros que, requerirá cofinanciación de otras fuentes en base al 50% de los costes, lo que a efectos de inversión total multiplicaría por dos la cuantía.
Esta inversión en ciberseguridad introduce un ciber escudo europeo con nuevos Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) implementado por el Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad con el objetivo principal de detectar, analizar y responder a las nuevas amenazas a la que se exponen todos los sectores, poniendo a prueba todos aquellos sectores críticos y que está recogido en el Programa Europa Digital para la financiación de la UE, llevando la tecnología digital a las empresas, ciudadanos y administraciones públicas, siendo estas últimas gravemente afectadas en los últimos años.
El programa Europa Digital, dispuesto para la ayuda y apoyo de proyectos se centra en cinco áreas clave como supercomputación, inteligencia artificial, ciberseguridad, habilidades digitales avanzadas y garantía en un amplio uso de las tecnologías digitales en toda la economía y la sociedad, disponiendo de un presupuesto total previsto de 7.500 millones de euros entre 2020 y 2027.
El programa establecido tiene como objetivo ayudar/apoyar los siguientes objetivos operativos:
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equipos avanzados de ciberseguridad, herramientas e infraestructuras de datos, junto con los Estados miembros;
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conocimientos, capacidades y capacidades relacionados con la ciberseguridad; las mejores prácticas;
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amplio despliegue de soluciones eficaces de ciberseguridad de última generación, prestando especial atención a las autoridades públicas y a las pymes;
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capacidades dentro de los Estados miembros y del sector privado en apoyo de la Directiva SRI;
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resiliencia, conciencia de riesgos, al menos niveles básicos de ciberseguridad;
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mejorar las sinergias y la coordinación entre los ámbitos civil y de defensa de la ciberseguridad, facilitando el intercambio de conocimientos y mejores prácticas y más.
Esta noticia podría ser motivada en gran parte por el informe publicado por la Agencia de Seguridad Cibernética de la Unión Europea (ENISA) sobre inversiones en seguridad de la información y redes en la EU, donde se arrojaban datos como que el 37% de los Operadores de Servicios Esenciales y Proveedores de Servicios Digitales no opera un SOC, o como que para el 69% el grueso de los ciberincidentes fueron causados por vulnerabilidades en software o hardware y que, tan solo el 5% de las pymes cuentan con ciberseguros que les permitan disponer de una capa de protección ante incidentes.
La ciberseguridad es fundamental para la protección de datos, así como para la prevención de posibles daños financieros y económicos. Además, una inversión sólida en ciberseguridad no solo implica la implementación de herramientas y tecnologías de vanguardia, sino también el desarrollo de capacidades y la concienciación y formación de los usuarios.
El panorama de las ciberamenazas evoluciona constantemente, por lo que la inversión continua en este ámbito es esencial para mantenerse un paso adelante de los ciberdelincuentes. En última instancia, la inversión en ciberseguridad no solo protege los activos digitales, sino que también respalda la confianza del público y la capacidad de las organizaciones, privadas o públicas, para funcionar de manera segura y eficaz en un entorno cada vez más digitalizado.
